Hemos visto en series televisivas los roles del policía bueno y del malo. La realidad es que hay algunos policías inicuos, una minoría generalmente, y con la pandemia nos encontramos con una relación compleja que potencializa la acción perversa de estos guardias nocivos.
Las medidas excepcionales que se implementan en muchos países con motivo de la COVID-19, tales como toques de queda, confinamiento, puntos de control, entre otras, colocan a los cuerpos policiales en la primera línea de contacto junto con los profesionales de la salud.
La organización Transparency International ha informado que los Centros de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) han recibido más de 1,500 denuncias relativas a casos de abusos cometidos por policías y militares vinculadas con la COVID-19. Para estos funcionarios la pandemia significa una oportunidad para desplegar acciones denigrantes y, en algunos casos, en contubernio con otras autoridades.
La ALAC registra principalmente denuncias en países de África y América Latina, donde en muchos barrios el policía es la primera autoridad del Estado ya que la debilidad institucional de los ayuntamientos impide que estos tengan presencia efectiva en zonas donde el poder local lo ejercen, en ocasiones, los delincuentes en connivencia con el policía que vive o patrulla el lugar.
El conocer estas denuncias es la oportunidad para emprender reformas que den garantías ciudadanas a una población que tiene en la policía una institución para proteger su seguridad personal y los bienes privados y colectivos y no lo contrario.
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